El sector ha mostrado por unanimidad su preocupación e indignación por el hecho de forzar con engaños Bielorrusia el aterrizaje de un Boeing 737 de la aerolínea de bajos costes irlandesa Ryanair en su capital, Minsk, el 23 de mayo, con la excusa de la amenaza de una inexistente bomba, para detener a un opositor. La intervención de su Fuerza Aérea se produjo por una orden política, contraviniendo lo dispuesto por el Convenio de Chicago que regula la aviación civil a nivel mundial, constituyendo claramente un acto de interferencia ilícita, con todas las características propias de un secuestro patrocinado por un Estado, que merece ser sancionado con contundencia ejemplar para que acciones de este tipo no se repitan.
Ya dentro de nuestras fronteras, es lamentable el espectáculo que ha dado el Gobierno en la principal empresa tecnológica del país, Indra, con sus anhelos de controlar todo y de cortar de cuajo cualquier disidencia, aunque le haya salido el tiro por la culata y el Estado, es decir, todos nosotros, haya perdido decenas de millones de euros, por sus decisiones intempestivas, sin tener ni la más remota idea de las consecuencias. Optó por cesar a un brillante profesional, Fernando Abril-Martorell, y sustituirle por un político con una careta algo tecnificada, vinculado, como no, con el socialismo catalán, Marc Murtra, pero se encontró con una insólita oposición del Consejo de Administración.
La solución salomónica de consenso es que no sea ejecutivo, como su predecesor, y nombrar dos consejeros delegados, Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, responsables de las divisiones de Transporte y Defensa y Minsait, respectivamente, con carácter solidario, que tendrán una remuneración muy superior a la de él, mientras Abril-Martorell accede a una indemnización de más de 6 millones de euros y la cotización de las acciones en bolsa de la empresa se desplomó por estos movimientos. SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) posee un 18,7 por ciento del capital de Indra y se ha cubierto de todo con esta operación, menos de gloria, ahondando su caída libre de prestigio que empezó con la concesión inexplicable de un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, de capital vinculado a Venezuela.
Mientras tanto, el Gobierno intenta recuperar la españolidad de ITP Aero y promueve un consorcio de empresas nacionales, como Indra, Aernnova, Aciturri y Tecnobiit, que se haga con el control en la venta que quiere materializar el motorista británico Rolls-Royce, que posee el 100 por ciento tras adquirir la participación de la empresa de ingeniería Sener hace pocos años, y que pretende conseguir 1.500 millones de euros. El problema es que para esas firmas el precio es muy elevado y requeriría siete años para rentabilizar la inversión. Varios fondos internacionales han mostrado su interés por participar en ITP Aero, después que Rolls-Royce anunciara un plan de desinversiones de activos no estratégicos por valor de cerca de 3.000 millones de euros para resarcirse del impacto de la pandemia en su negocio, mientras la filial española registró por el mismo motivo el año pasado las primeras pérdidas de su historia. Posiblemente la solución final, cuyo anuncio está próximo, sea una combinación de nuevos socios españoles e inversores extranjeros.
Vaivenes políticos e industriales
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