El fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a solicitud de Washington, de imponer aranceles a productos europeos en compensación a las ayudas recibidas por Airbus valorados en 7.500 millones de dólares llevó al presidente Donald Trump a gravar con un 10 por ciento la importación de aviones comerciales y en el caso de los agrarios llega hasta el 25, lo que supone que 700 millones de euros de determinadas exportaciones españolas soportan un nuevo coste arancelario de casi 120 millones, siendo nuestro país el sexto de la UE que más sufre esto, detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia e Irlanda. Fuentes europeas confían en que el mismo organismo otorgue al Viejo Continente permiso para pedir compensaciones por valor de más de 10.000 millones de dólares, decisión que se tomaría en junio de 2020. Estados Unidos cuenta con ocho meses de ventaja.
Pero Airbus sigue registrando centenares de pedidos, mientras su competidor, Boeing, mantiene una travesía por el desierto por los graves problemas que afectan a su 737, que no sólo siguen sin arreglarse, sino que aumentan, conociéndose a finales de octubre que se han tenido que parar medio centenar de ejemplares de los mil inspeccionados de las versiones 600/700/800/900 (los llamados “New Generation”) por grietas que deben ser reparadas en la unión de las alas con el fuselaje, afectando a aerolíneas como la australiana Qantas, la brasileña Gol o la norteamericana Southwest. La FAA (Federal Aviation Administration) emitió a principios de octubre una directiva requiriendo inspecciones repetitivas de esos modelos, tras detectar esas grietas en varias unidades chinas.
Y el huracán sobre el 737 MAX 8 no amaina, con duras acusaciones contra Boeing de ocultar deliberadamente importantes aspectos para conseguir que las autoridades lo aprobaran cuando su presidente, Dennis Muilenburg, fue interrogado por el Comité de Comercio del Senado, reconociendo que habían cometido errores. Los senadores afirman que hay seria preocupación de que hubiera puesto los beneficios empresariales por encima de la seguridad, apresurando el proceso de obtener la autorización. Los legisladores acusaron a Boeing de saber cuáles eran los problemas del sistema de control automatizado MCAS del MAX 8, identificado como un factor clave en sus accidentes mortales.
Pilotos norteamericanos reportaron que experimentaron problemas similares a los que habrían sufrido los siniestrados y esas advertencias se trataron con "un nivel inquietante de despreocupación y frivolidad" y se había "ocultado deliberadamente" información. Se sugirió que los pilotos habían sido engañados y Boeing diseñó un "ataúd volador". Los senadores también criticaron el proceso regulatorio, diciendo que había un excesivo hermetismo entre la empresa y los funcionarios de seguridad de la FAA. Desde que la flota 737 MAX se quedara en tierra en marzo, Boeing ha dicho que está arreglando el “software” y revisando sus procedimientos, pero legisladores piensan que los continuos retrasos en la nueva certificación arrojan serias dudas sobre la aprobación otorgada inicialmente. Todavía no se sabe cuándo volverá a volar comercialmente.
Trump castiga, mientras Boeing está grave
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