No vamos a entrar en difundidas y no demostradas teorías conspiratorias que mencionan vínculos oscuros del PSOE con Juan José Hidalgo desde los tiempos de Felipe González, las personalidades políticas y del entorno del poder ejecutivo, legislativo y judicial que se han beneficiado de prebendas en Globalia absolutamente incompatibles con los criterios sajones de “compliance”, o la presunta ayuda del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que la aerolínea mallorquina cobrara el dinero retenido –algo que sufren todas las que han operado allí- en Venezuela, a expensas de viajes en avión ejecutivo proporcionado por la familia Hidalgo, sencillamente porque no lo podemos demostrar.
Pero sí que es ciento que los ministros de Fomento o afines han sido muy cercanos a Juan José Hidalgo, presidente del grupo turístico, y eso si nos consta; y que canta mucho que el reconocido fraude por el descuento a residentes se saldara con un tercio de lo que se demostró que se había defraudado y que no se inculpara penalmente a nadie, porque no se podía comprobar quién había dado la orden de realizar esas prácticas, cuando está claro que en cualquier empresa se hubiera apuntado al Consejo de Administración, cuando menos. Pero qué más da, pues simplemente era jugar con el dinero de todos los españoles.
Con la situación actual y venidera sobran unas cuantas aerolíneas, que no podrán sobrevivir y, por la vía del no intervencionismo, Air Europa es una de ellas. Pero el Gobierno actual ha aprobado salvarla con 450 millones de euros, definiéndola como una empresa estratégica, que no lo es, pues hay otras muchas que cubrirían su hueco de forma saludable, además de que ese dinero va a distorsionar gravemente la competencia. Es decir, las que no han pedido ayudas, como Iberia, Air Nostrum, Binter, Swiftair, Evelop y otras no van a recibir nada y padecerán que se ayude con dinero público a Air Europa.
Iberia no necesita hoy a Air Europa y sin ella cerraría o tendría que estar recibiendo varios cientos de millones de euros para mantenerse en los próximos meses, saliendo igualmente de los bolsillos de todos los españoles, pagando aviones de fabricación extranjera, de los que la industria española no se beneficia, que están en tierra o vuelan con pocos pasajeros gastando un combustible que tenemos que importar, no recaudando impuestos por su actividad y con algún relevante propietario que ha trasladado su sede fiscal fuera de España.
Y si se trata de cuidar a los trabajadores, estos se sentirían encantados de que los 450 millones de euros, que dentro de poco serán más, se repartieran entre ellos a una media de 120.000 euros por cabeza. Y entre Iberia, Ryanair y otras la competencia estaría asegurada de una forma mucho más sana. Encima, esta operación de salvamento es de todo menos trasparente, lo cual genera muchas incertidumbres. No está España para caciquismos ni operaciones extrañas y, desde luego, no hay dinero ni derecho para esto. El Gobierno debería explicar porqué y cómo hace e Iberia porqué lo secunda y se mimetiza, porque si no será cómplice de algo que no huele bien.