Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) zanjaron el conflicto soterrado que ha sufrido España desde hace años y ha arreciado en los últimos seis meses, con medidas de presión de esos profesionales que se labraron la crítica de la inmensa mayoría del pueblo español y de toda la opinión pública y que obligaron a que se dictara un Real Decreto que desarrolla la Ley 9/2010, de 14 de abril, de prestación de servicios de tránsito aéreo, incorporando la normativa comunitaria del Cielo Único europeo, regulando así el procedimiento para certificar a nuevos proveedores de servicios de navegación aérea y su control.
Desaparece así la sombra de una huelga –la primera oficial en su historia– que ha oscurecido el panorama del turismo en la temporada alta de un país demasiado dañado por una crisis que no parece terminar nunca, por lo que hay que felicitar que USCA, por fin, haya asumido su responsabilidad y las circunstancias, después que el Gobierno regulara meses atrás un nuevo marco sobre las condiciones de remuneración de los controladores y las prebendas que han gozando hasta ahora.
Como afirma el presidente de AENA, Juan Lema Devesa, auténtico artífice de la nueva situación, que por primera vez en la historia ha contado para lograrlo con el apoyo abierto y público del ministro del ramo, en este caso José Blanco, titular de la cartera de Fomento, «es muy positivo y lo más importante es que aporta tranquilidad a los ciudadanos y calma el temor suscitado en los sectores económicos más afectados por un hipotético desacuerdo, como sería el turismo o las compañías aéreas».
Tenemos que ser rotundos al afirmar que Blanco y Lema han estado a la altura de lo que requería España y han actuado con la contundencia necesaria, obteniendo para ello el apoyo del Parlamento (casi con la totalidad de los diputados, excepto el voto anacrónico de alguno de los representantes de la soberanía popular) y de los tribunales de Justicia. AENA puede cumplir ahora con sus objetivos empresariales y los que le impone la ley, como es el caso de garantizar el servicio ciudadano, mejorar la eficiencia del sistema, rebajar las tasas de ruta de las aeronaves el 15 por ciento y eliminar el déficit que representaba el área de navegación aérea.
El objetivo de Juan Lema es seguir trabajando en un sistema de navegación aérea competitivo y eficiente, con tarifas similares a las de los cinco países más grandes de la Unión Europea, en lugar de las más caras del Continente, en un plazo de dos años, eliminando además el déficit de explotación que arrastra en este ámbito, de unos 200 millones de euros anuales. El acuerdo firmado abre las puertas a la negociación del segundo convenio colectivo del sector. En lo que se refiere a jornada, el acuerdo hace hincapié en su convergencia con Europa y en la conciliación de la vida laboral y familiar y se garantiza un salario medio de 200.000 euros anuales.
