El árbitro Jaime Montalvo, designado por el Gobierno español para emitir un laudo de obligado cumplimiento en el largo conflicto de SEPLA (Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas) con Iberia, creemos que se ha equivocado rotundamente. Opina que el hecho que ninguna de las partes se sienta satisfecha con su trabajo, como parece que así es, es la evidencia de que ha hecho un magnífico trabajo. Nosotros estamos convencidos de lo contrario.
En la actual situación en la que se desenvuelve, su veredicto no sólo no soluciona las cosas, sino que lacra las lógicas actuaciones y aspiraciones de la empresa, ya hipotecada desde hace decenios por los devaneos de un nominal sindicato, que se mueve entre la irracionalidad e intereses inaceptables para los tiempos que corren. No sólo eso, sino que ponemos en duda también la legitimidad de un intervencionismo en la política de una empresa privada, que consideramos que es más nocivo que beneficioso, ante las decisiones de un Consejo de Administración que ningún tribunal de Justicia ha censurado, con lo cual son plenamente legales.
Iberia es una empresa de servicios públicos, pero privada, salvo que la mínima participación de su otrora accionista mayoritario, SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), o de Bankia, que inexorablemente camina hacia la consideración de banco estatal, alguien quiera considerarla como una empresa mixta y pretenda que sus directrices emanen más de motivos políticos, como lamentablemente ocurría antaño (llevando a la compañía aérea al borde de la quiebra), que mercantiles, comerciales, estratégicos y de remuneración de sus propietarios por el capital aportado.
El trabajo de Montalvo nos parece de todo menos bueno y se nos escapa qué es lo que ha pretendido. La prueba sobre que ninguna de las partes está conforme es que no han emitido ninguna comunicación al respecto, semanas después de haber dictado lo laudo, que, por supuesto, es recurrible y, en nuestra opinión, es lo mejor que se podría hacer. No es coherente que considere que hay derecho a crear la filial Iberia Express, pero, sin embargo, cape su futuro con unas condiciones inaceptables. Mientras, la opinión pública ha demostrado que apoya la gestión de la compañía y rechaza la actuación de su colectivo de pilotos.
Iberia tiene todo el derecho, y no nos cabe la menor duda que en beneficio de sus clientes, que son de los que vive, a reestructurarse para contrarrestar eficientemente a Ryanair, Easyjet, Air Europa, Air France, etc. Lo contrario sería un suicidio empresarial que nadie, excepto sus competidores y –con su sempiterna irracionalidad– SEPLA, desea. Ya bastante difícil es desenvolverse en un entorno en el que no hay control sobre la mayoría de los costes (combustible, tasas aeroportuarias, etc.), como para que el Estado intervenga en las legítimas actuaciones y beneficie a un colectivo que ha demostrado sin lugar a dudas que poco piensa en los perjuicios a la sociedad y en el futuro de la empresa.
