España no puede soportar ni una sola gota de aberración más por parte de USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos), que, después de decenios de pretender tener la sartén por el mango, ha insultado a la paciencia, la bondad, la humildad, el sufrimiento y las carencias actuales del pueblo español, esperemos que por última vez. Un colectivo que ha sabido, y pretende seguir haciéndolo, manejar a su antojo unos privilegios inaceptables en el sector público, gracias a un chantaje permanente a una nación regida por poderes que no han sabido ni querido formular siquiera una ley de huelga. UCD, PSOE y PP siempre estuvieron a su antojo.
Los controladores del tráfico aéreo nunca realizaron una huelga legal, porque con las soterradas prácticas que emplean han conseguido hasta ahora lo que han querido. Nunca han tenido la valentía de plantear ese conflicto de forma legal, porque por debajo de la mesa siempre han sido más efectivos, como el chantaje que plantean las mafias. Y esto no se puede volver a repetir nunca más. El Gobierno del PSOE actual ha sido el primero de la historia de la democracia que ha afrontado esta situación con una decisión, valentía, apoyo y acierto, que ojalá hubiera aplicado a todos los problemas que España tiene.
El poder ejecutivo ha creado la Ley, sancionada por la inmensa mayoría de los miembros del poder legislativo (excepto por un diputado), es decir, por todo el espectro político nacional, y el poder judicial ha desestimado las reclamaciones que ha planteado ese colectivo, que incluso ha fracasado en su intento que reconocieran sus intereses en instancias de la Unión Europea. Esto aquí y en cualquier democracia quiere decir que están equivocados, con una regulación que tiene un respaldo prácticamente absoluto.
Han pretendido rechazar lo que ellos mismos han firmado, lo cual, cuanto menos, se puede calificar de rastrero y, al no lograr nada, han vuelto a su vieja táctica, el chantaje, tomando como rehén al pueblo español, pese a seguir siendo, por ley, unos inmensos privilegiados y haber sido masacrados en la batalla de la opinión pública. El Gobierno ha actuado mediante un Decreto Ley frente a su enésimo plante para mantener unas prebendas que nadie les quiere ya permitir. Y ahí llegó la mayor monstruosidad: sin previo aviso y con la cobarde y falsa excusa –como siempre– de bajas masivas por enfermedad, han acorralado a la pobre gente que quería disfrutar de un merecido puente con sus escasos ahorros.
Han querido utilizar a los ciudadanos españoles y extranjeros como rehenes para lograr lo que no se merecen, creando una alarma nacional, casi un golpe de estado. Por una vez (solo, desgraciadamente), el Gobierno ha reaccionado con la contundencia que merecía la situación y esperamos que con el apoyo de todos los partidos políticos. Aquí no caben medias tintas. Y esto no puede quedar así: lo que han hecho precisa una respuesta y nunca el olvido. El peso de la Ley de un país maravilloso como es España, que varios centenares de individuos han pretendido hundir un poco más en su beneficio, debe caer sobre los responsables. Y exigimos que se pongan los medios para que esto no vuelva a ocurrir en la vida.
