204 millones de pasajeros; 49 aeropuertos nacionales y 27 controlados en el resto del mundo; 15.108 empleados; 275,07 millones de euros perdidos el año pasado; y 14.000 millones de deuda. Estas son las cifras de la empresa que preside José Manuel Vargas, el fichaje del Gobierno hace casi un año para Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que puede pasar a la historia por subir las tasas dramáticamente en el momento más inoportuno y que ha negociado con los principales sindicatos un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de más del 10 por ciento de su plantilla, 1.600 trabajadores, en una extraña, insólita y aberrante maniobra, que denomina Plan de Eficiencia Aeroportuaria, con el objetivo de ganar 108 millones de euros en 2013, cuando aspira a capturar capital privado.
AENA reconoce que tiene que hacer frente a la sangría de números rojos que registra, aunque existe confusión sobre lo que se va a ahorrar con este peculiar ERE, que se pretende camuflar como que no es de jubilaciones anticipadas, que es con lo que los sindicatos han tranquilizado a sus afiliados, en el que se compromete a financiar el plan con recursos propios cuando entre en beneficios -y con un crédito hasta entonces- y al que se pueden acoger voluntariamente, con la que está cayendo, hasta el 31 de diciembre todos sus empleados fijos.
Vendrá acompañado de medidas de flexibilidad interna y no descarta la movilidad forzosa y desvinculaciones y un plan de recolocación que, en el caso que no dé frutos, permitirá un incremento de las indemnizaciones. Contarán con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades, aunque las prestaciones podrían subir 8 días para los que, tras medio año, no logren un nuevo puesto de trabajo. La aportación es mayor en el caso de los de más de 55 años con una antigüedad mínima de 10, sumando 11 días adicionales, hasta alcanzar el 72 por ciento del salario total, si ha transcurrido el mismo periodo y siguen en paro.
Tendrán preferencia los empleados de aeropuertos deficitarios (aborrecemos que, pese a la presión autonómica, no se cierren), de hasta 500.000 pasajeros, y los pertenecientes a los servicios centrales. Otras medidas que forman parte del plan son la reducción de gastos de explotación, la disminución de horarios operativos, la optimización de infraestructuras y la fusión de sociedades.
Se han revisado inversiones y renegociado las condiciones de pago con proveedores, con el objetivo de duplicar su resultado bruto de explotación (EBITDA), hasta alcanzar los 1.400 millones de euros en 2014. La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció que el Gobierno trabaja intensamente en el diseño de la privatización, bajo la premisa de mantener el modelo de red, en vez de dar entrada al capital privado en los aeropuertos, tal como intentó el anterior Gobierno en Barajas y El Prat.
