El informe había sido elaborado por PwC, el auditor habitual de AENA, pero la Abogacía del Estado concluyó que sí se requería el concurso, imposibilitando que el Gobierno aprobara la salida a Bolsa y que los títulos de la compañía empezaran a cotizar el 12 de noviembre, como se había previsto. El gestor de esas infraestructuras consideró que en privatizaciones anteriores y en la mayor parte de empresas en circunstancias similares estos documentos habían sido firmados por la misma empresa que audita la compañía. De hecho, los propios bancos colocadores, nacionales e internacionales, no precisaban este concurso.
Ese celo excesivo, según analistas, dado el avanzado estado del proceso de privatización, responde al deseo del ministro de curarse en salud en un momento en el que la corrupción está al orden del día. De Guindos y el actual secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, trabajaron para PwC antes de ocupar sus cargos públicos, por lo que se quiere dejar muy claro que no hay favoritismos. No obstante, AENA tiene garantizado hasta abril el respaldo de los socios que formarían el núcleo duro, pues se comprometieron a entrar en el capital a los precios ofertados, siempre que la salida a Bolsa se realizara en los seis meses siguientes a la firma del acuerdo.
El 16 de octubre, la Corporación Financiera Alba (familia March), Ferrovial (Del Pino) y el fondo británico The Children’s Investment (TCI) firmaron los contratos privados en los que se comprometieron a invertir, con unos porcentajes del 8, 6,5 y 6,5 por ciento, respectivamente. Se cumplirían los plazos que marca la legislación estadounidense, que obliga a que pasen 135 días desde la presentación de los últimos resultados (30 de septiembre) para vender acciones en este país.
El Gobierno asegura que este aplazamiento no supone tirar la toalla de la privatización, pues ciertas fuentes apuntaron que si no se realizaba ahora, sería muy difícil hacerlo el próximo año, ante la proximidad de las elecciones autonómicas y locales. Había esperanzas que la operación llegara a tener un valor de hasta 8.000 millones, si bien la capitalización sería en la situación actual de entre 5.000 y 6.000 millones. Hay muchos que opinan que esperar repercutirá en mayores valores de la Operación Pública de Venta (OPV), en la que el Estado mantendrá un 51 por ciento.
