El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha revocado a Eliance el contrato de adjudicación del servicio de transporte sanitario aéreo para el área de Melilla. La razón principal que aduce este organismo es el incumplimiento por parte de Eliance de varios de los requisitos por los que se le adjudicó este contrato, en primer lugar en lo relativo a la antigüedad de los aviones con los que cubre este servicio de traslado sanitario de pacientes entre Melilla y otros lugares de la península.
La revocación del contrato se produce después de demostrarse en reiteradas ocasiones que la aeronave de sustitución con la que operaba Eliance en Melilla no era la misma que había descrito en la oferta por la que presentó su candidatura para operar este servicio y por la cual finalmente se le adjudicó. En dicha oferta, Eliance describía un avión de sustitución matriculado en 1.999, aunque posteriormente se descubrió que dicha aeronave la tenían operando en la isla de Menorca, mientras que para Melilla utilizaba un avión de 40 años de antigüedad. La antigüedad de las aeronaves y el número de horas voladas fueron, además del precio, los principales criterios tenidos en cuenta por el INGESA para otorgar la adjudicación de este servicio.
La suspensión de este contrato es el punto final a una rocambolesca disputa entre el propio INGESA y la empresa Eliance. Tal y como describe el expediente del Consejo de Estado que revoca el contrato, INGESA dejó de pagar a Eliance las facturas correspondientes a varios meses al darse cuenta de que no estaba realizando este servicio con los mismos medios aéreos que había descrito en su oferta. A pesar del flagrante incumplimiento administrativo, Eliance solicitó el pago de dichas facturas al considerar que el servicio se estaba prestando con seguridad. Ante la negativa por parte de la administración, que abrió un procedimiento de revocación de contrato, Eliance alegó que el impago ya era en sí mismo una corrección punitiva a su actuación, por lo que consideraba improcedente la apertura de un procedimiento de suspensión. Finalmente, esta suspensión se ha llevado a cabo.
Una larga trayectoria de incumplimientos en los servicios de transporte aéreo sanitario
No es la primera vez que una Administración pública sanciona o revoca un contrato a Eliance por no cumplir los requisitos de los pliegos administrativos con los que opta y se adjudican estos concursos públicos de servicios sanitarios. En el otoño de 2019, el Gobierno balear rescindió el contrato de emergencias sanitarias aéreas a esta empresa por varias irregularidades detectadas y denunciadas en más de una ocasión por Sepla y los sindicatos SATSE y Simebal. En efecto, la empresa aérea estaba llevando a cabo este servicio sin las habilitaciones multipiloto e instrumental, necesarias para poder volar en las Islas Baleares tal y como pedía el pliego, y que sí habían asegurado tener en la oferta de licitación. Además, Eliance sufrió un enorme retraso en la puesta a disposición del servicio de salud de los aviones medicalizados, que un año después de la adjudicación del contrato aún no habían llegado a las islas.
También en Galicia, pocos meses después de su desembarco en la operativa aérea del servicio de salud, Eliance recibió una multa por parte de la Consellería de Salud por haber dejado este servicio durante varios días sin aeronave de sustitución. Una avería en la aeronave titular hubiera dejado a los pacientes gallegos sin transporte aéreo para ser trasladados a un hospital.
Mientras, Eliance sigue haciéndose con los servicios de transporte aéreo sanitario en diferentes Comunidades Autónomas de la geografía española, cuyos Gobiernos parecen no tener en cuenta el expediente plagado de irregularidades que esta empresa tiene tras de sí. El buen funcionamiento de los servicios autonómicos de salud depende tanto de un personal bien entrenado y capacitado como de una maquinaria apta para llevar a cabo el transporte sanitario sin incidencias en la seguridad. Llama la atención la ceguera de algunas administraciones autonómicas a la hora de establecer sus prioridades en el momento de adjudicar a una empresa un servicio público de vital importancia para la ciudadanía.
