El transporte tiene una oportunidad histórica de mejorar su seguridad. Coincidiendo con el nombramiento de la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la Plataforma de Profesionales para la Seguridad en el Transporte, integrada por las asociaciones representantes de los marinos mercantes, los pilotos, los controladores aéreos y los maquinistas ferroviarios, ha presentado sus alegaciones al Anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los Modos de Transporte (AITAT).
Se trata de un borrador de ley por la cual se integran en una sola Autoridad las tres comisiones de investigación de accidentes que existen en la actualidad: la CIAIAC, que investiga los accidentes de aviación civil, la CIAF, que investiga los accidentes de tren y la CIAIM, que investiga los accidentes e incidentes marítimos. Esta nueva Autoridad -una noticia largamente esperada por todo el sector del transporte- adolece, sin embargo, de ciertas carencias en su planteamiento que, de no solventarse en la ley que regulará su constitución y funcionamiento, pueden comprometer seriamente su eficacia, rigurosidad e imparcialidad.
Por este motivo, y dentro de la fase de alegaciones en que se encuentra el anteproyecto, la Plataforma de Profesionales de Seguridad en el Transporte ha redactado un documento con una serie de recomendaciones para mejorar la eficacia de la Administración y la seguridad del transporte, entre las que destacan:
- Eliminar la dependencia administrativa, orgánica y económica de la AITAT del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- Eliminar la potestad de la AITAT para limitar o prohibir el acceso a la información de los interesados.
- Evitar que la Autoridad Judicial utilice la información de las investigaciones técnicas para sus procedimientos penales, en línea con lo recomendado por la Organización Internacional de Aviación Civil.
- Eliminar la obligatoriedad de la AITAT de comunicar al Ministerio Fiscal sobre posibles casos constitutivos de ilícito penal, con el objetivo de favorecer y proteger la información que se recaba en el marco de una investigación.
- Crear un comité asesor compuesto por profesionales de los diferentes medios de transporte, representantes de víctimas y expertos.
- Aplicar a los maquinistas de vehículos ferroviarios, los pilotos de líneas aéreas, los controladores de tránsito aéreo y los capitanes, jefes y oficiales de la marina mercante las garantías previstas en el artículo 30.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el ejercicio de sus actividades dirigidas a garantizar la seguridad en el transporte ferroviario y aéreo.
Todas estas recomendaciones buscan reforzar la eficacia de la nueva Autoridad, dotándola de recursos propios que garantizarán su necesaria independencia de cualquier otro organismo o autoridad -como el propio Ministerio de Transportes- que, además, podrían ser objeto de la propia investigación técnica de la AITAT. Además, se busca ganar transparencia y proteger las investigaciones de cualquier injerencia externa que pueda desvirtuar o viciar su proceso. En este sentido, muchas de las recomendaciones tratan de garantizar un marco de Cultura Justa, por el cual los profesionales del transporte puedan notificar eventos o incidentes de transporte sin temor a sufrir represalias por parte de su empresa o del propio poder judicial.
Esta independencia de la investigación técnica de accidentes con respecto al poder judicial es una de las premisas señaladas por la propia Organización Internacional de Aviación Civil, en su Anexo 13, como clave para garantizar la eficacia de las investigaciones de accidentes, cuyo objetivo final es identificar los fallos ocurridos para evitar que sucedan en el futuro. En este sentido, la información sobre el accidente que aporten por los profesionales del transporte es vital para que la investigación se lleve a cabo con la profusión y minuciosidad debidas. Por ello, se hace necesario que estos profesionales puedan prestar declaración con la certeza de que no será usada en su contra en un hipotético proceso penal.
Por último, la Plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte solicita que se incluya en esta ley una cláusula de protección profesional que garantice a los profesionales del transporte su independencia de criterio a la hora de adoptar decisiones sobre seguridad. Sólo así se evitará que factores externos a la seguridad como pueden ser los empresariales, los económicos o los organizativos, interfieran en decisiones que deben basarse exclusivamente en criterios de seguridad.
Esa recomendación fue, además, hecha por la Comisión de Investigación sobre el accidente de Spanair que, en su dictamen final, apuntó a que la presión empresarial por la puntualidad influyó negativamente en la actuación de los pilotos, haciendo que no se ajustaran adecuadamente a las comprobaciones previas al despegue. Por ello, los profesionales del transporte llaman a la nueva Ministra a escuchar la opinión de quienes llevan a diario a miles de pasajeros por tierra, mar y aire, garantizando su seguridad y su llegada a destino sin percances.
