El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a colocarse en el centro de la polémica, ahora por sugerir que el avión presidencial, un Boeing 787 Dreamliner adquirido al final de la administración del presidente Felipe Calderón, podría ser sorteado en una “rifa” abierta a todo el público. El polémico pronunciamiento se dio en la última conferencia mañanera de la semana, en la que Obrador mostró un audiovisual señalando las bondades de la aeronave que su gobierno ha tratado de vender desde el 3 de diciembre de 2018, dos días después de haber tomado posesión como mandatario. El Boeing 787-8 Dreamliner, identificado oficialmente como Transporte Presidencial-01
Presidente José María Morelos y Pavón (Matrícula XC-MEX), fue adquirido al final del gobierno de Felipe Calderón por un monto de 218 millones de dólares para operar durante el mandato de Enrique Peña Nieto y en sexenios posteriores. El aparato fue comprado mediante el esquema de Arrendamiento Financiero a través del Banco de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que incluyó el pago anual de la aeronave en sus Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) desde el año 2014, cuando se registró como uno de los 34 Programas y Proyectos de Inversión (PPI) aprobados para ese ejercicio fiscal. El PEF del 2014 indicaba entre los 23 PPI con asignación presupuestal aprobada, la compra de un “Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp)”, para un costo total de 6 mil 796 millones, 996 mil 888 pesos (315 millones, 739 mil 942.39 euros). La nave fue entregada ya con todas sus modificaciones, en 2016. En dos años y 10 meses de servicio completó 214 vuelos dentro y fuera del país. La compra del avión por el mecanismo de arrendamiento se planeó para su liquidación en un horizonte de 15 años, es decir, hasta el 2029, considerando pagos anuales que en promedio oscilan en los 45 millones de pesos (que incluyen gastos de operación y mantenimiento), además de los pagos anuales para ir liquidando el costo total del TP-01 y que van de los 4.6 millones de pesos hasta los 451. 4 millones de pesos. En el esquema de financiamiento se incluyeron también costosas modificaciones para convertir un avión comercial para 210 pasajeros en un aparato para 80 ocupantes en cuatro secciones entre las que destaca, por supuesto, la suite presidencial, que cuenta con cama king size, baño con regadera, una caminadora para ejercicios y amplios espacios para trabajar. Antes de asumir el mandato, el presidente López Obrador advirtió en varias ocasiones que nunca utilizaría el avión presidencial, porque éste era un símbolo de los excesos y abusos en el gasto de recursos de los anteriores gobiernos neoliberales y que por ello sería vendido. Los recursos obtenidos de la venta del aparato se utilizarían en diversos programas y obras sociales, según el plan original del entonces candidato y luego presidente electo; construcción de escuelas, de hospitales, tomógrafos, ambulancias. En mayo de 2019 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó al TP-01 en una lista de proveedores y valuó el aparato en
130 millones de dólares. En junio de ese año el gobierno federal aseguró que ya se contaba con 42 posibles compradores interesados en adquirir el aparato. Para el mes de julio la lista se había reducido a solo 12 supuestos interesados. Mientras la lista de posibles compradores se achicaba, las críticas y cuestionamientos hacia el presidente Obrador crecían por todas partes, señalando sobre todo los gastos generados por tener al Boeing 787 fuera del país, estacionado, sin moverse y engullendo recursos para su mantenimiento día con día. La última cifra oficial conocida indicaba que en el mantenimiento y resguardo del aparato ya se habían gastado al menos 30 millones de pesos (1,3 millones de euros). En la primera semana de enero de 2020 y con la presión mediática encima por las versiones en torno al fracaso de la venta del Dreamliner surgidas en los Estados Unidos y en las que se aseguraba que el aparato estaría pronto de regreso ante el fracaso de su venta, López Obrador hizo oficial el rumor y anunció que el TP-01 volvería al país para un nuevo intento de colocarlo en el mercado comercial o privado. El presidente dijo el 14 de enero que el jet regresaría a las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana para unirse a un lote de 33 aviones y 39 helicópteros que serán subastados para seguir obteniendo recursos para apoyar obras y programas sociales. El mandatario presentó tres alternativas para la venta del avión presidencial: venderlo a un solo comprador, venderlo en copropiedad y rentarlo. El viernes 17 de enero Obrador planteó una nueva y popular posibilidad para hacerse de recursos con el TP-01: rifarlo entre la ciudadanía mediante un sorteo en la Lotería Nacional en el que se venderían 6 millones de billetes para 500 pesos cada
cachito (boleto) buscando reunir al menos 3 mil millones de pesos (139 millones de euros). Pero Obrador explicó lo que en México se conoce como la
letra chiquita de un contrato legal, al detallar que el costo del aparato es de 130 millones de dólares y que quien gane la rifa podrá vender la aeronave, pero no en menos de la cantidad ya tasada. Además, el gobierno federal se compromete a darle al ganador dos años de servicios para el aparato mientras decide qué hacer con el. Un folleto de 13 páginas en formato PDF elaborado por la Presidencia de México y con el sello de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) muestra los aspectos más atractivos del Boeing 787-8 Dreamliner que el gobierno de López Obrador ha sido incapaz de colocar en el mercado comercial, pese a haberlo enviado el 3 de diciembre a San Bernardino, en California, para su resguardo, mantenimiento y venta en un hangar especializado. Al final, dijo, será la gente la que decida que se va a hacer con el avión.(
Jorge Alejandro Medellín, Ciudad de México)
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