En el segundo llamado a remate, tras no haber registrado interesados en el anterior, convocado en mayo (cuya base era de 350.000 dólares) finalmente, un empresario hotelero argentino residente en Uruguay subastó el avión en 180.000 dólares, anunciando la permanencia de la aeronave en el país y con su misma matrícula.
El birreactor, de 1979, ocasionó más de un escándalo político en Uruguay, ya que fueron más que evidentes las presiones indebidas y tráficos de influencias para su adquisición a un precio varias veces mayor al del mercado durante el gobierno anterior, el cual convocó a una licitación en la cual se exigía que el avión a adquirir tuviese matrícula nacional (en un país de escasos jets) y una altura interior cercana a 1,74 metros, lo que sólo cubría el HS-125 y un Dassault Falcon 2000 de la misma empresa oferente, y cercana al viejo entorno presidencial de Tabaré Vázquez y sus asesores.
La gestión se inició durante la administración de José Mujica,en la cual la firma Floridian, entonces colateral del grupo Autolider (también cuestionado proveedor del Estado, representante de Mercedes Benz, Maserati ,Lamborghini, Porsche, etc) llegó a solicitar 2.500.000 dólares (10 veces más del valor promedio de mercado del avión) tras invitar al ex mandatario a trasladarse a Perú en el mismo. Apenas asumido, y bajo similar signo político, el gobierno de Vázquez, en 2015, se reactivó el trámite, acordándose un precio inferior a 1.100.000 dólares e incorporándose una costosa camilla para pretextar un posible uso sanitario de la aeronave, que muy escasamente se dio en las menos de 500 horas voladas desde que fue incorporada a la Fuerza Aérea en 2017, generando algunas sonadas interpelaciones ministeriales en el Parlamento.
Simultáneamente, en esa época se cuestionó a periodistas que dudaban de la operación, así como una suerte de embrionaria persecución a oficiales, incluso retirados, contrarios a la misma, dentro de la propia FAU, la que, en definitiva, justificó técnicamente la insostenible compra, presiones oficiales mediante.
Existe una moderada expectativa acerca de acciones e investigaciones administrativas y judiciales al respecto, que parecen imponerse, desde las primeras denuncias, en 2017, del entonces senador Pedro Bordaberry, hasta un reciente pedido de informes del diputado César Vega. (Javier Bonilla)
