Aportando pruebas y documentos, el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos trasladó a los miembros de la Comisión de Defensa su preocupación ante el incremento de lo que consideran casos de intrusismo que dañan al sector. Según el sindicato “Estos hechos suponen una ilegalidad manifiesta por contravenir la normativa nacional en cuanto al régimen de incompatibilidades y llevan produciéndose desde hace varias décadas ante la total pasividad por parte de los organismos competentes. No sólo la ley se ve infringida, sino que esta doble actividad puede comprometer seriamente la seguridad de las operaciones aéreas, debido a que resulta imposible hacer un seguimiento de la actividad de los pilotos y mecánicos de helicópteros”, denuncian.
El SLTA afirma que esta práctica impide comprobar si se han rebasado el límite de días y horas de trabajo establecidos para garantizar el correcto descanso de las tripulaciones y mitigar la aparición de la fatiga. Asimismo aseguran que ha supuesto una degradación de las condiciones laborales, con una bajada de salarios generalizada, pérdida de puestos de trabajo y cierre de escuelas.
La Comisión de Defensa se ha comprometido a investigar y realizar las acciones necesarias pertinentes para terminar con estas actividades. Una de las primeras medidas será pedir la comparecencia de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para que explique por qué no se han puesto los medios necesarios para hacer seguimiento de estos casos. Según los datos del SLTA, el índice de mortalidad de pilotos de helicóptero en España es desmedido, situándose en 261 fallecidos por cada cien mil trabajadores o, lo que es lo mismo, 80 (ochenta) veces mayor que la media nacional, por lo que, defienden, es un trabajo que requiere de una especialización y dedicación exclusiva.
El criterio que el SLTA ha trasladado al Senado es que “militares, funcionarios y personal del Estado, como servidores públicos que son, deben actuar ejemplarmente como garantes y defensores de la legalidad y abstenerse de realizar este tipo de actos inspirados en el ánimo de lucro y el interés personal que, además, comprometen el prestigio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con una imagen negativa ante la opinión pública”.
