Una jueza imputa a Plus Ultra por el polémico rescate del Gobierno español por el que recibió 53 millones de muy dudosa recuperación



La titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha citado a Plus Ultra como investigada como persona jurídica para que declare el próximo 15 de junio en el marco de las diligencias que se siguen sobre las presuntas irregularidades en el rescate que le hizo la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), por el que recibió 53 millones de euros, que maneja sin ningún control. La magistrada ha acordado interrogar por primera vez al representante legal de la aerolínea en el que domina el capital de origen venezolano de accionistas muy relacionados con el régimen de Nicolás Maduro y que ha obtenido extraños préstamos anteriormente en Panamá pese a lo cual antes de la pandemia estaba prácticamente en causa de disolución y fue muy polémico que para obtener ese rescate se le definiera el calificativo de estratégica, cuando nunca ha aportado nada, excepto problemas. Se trata de esclarecer unos hechos que presuntamente darían lugar a un presunto delito de malversación y prevaricación.

Esto lo hace tras estimar la petición de Vox, que ejerce la acusación popular en la causa, junto al PP y Manos Limpias. La jueza pretende escuchar a la compañía, después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la SEPI presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el 29 de marzo. Los expertos aseguraron que parte del dinero concedido por el Gobierno se destinó a un pago realizado a la también polémica Petróleos de Venezuela (PDVSA), que está también en el foco de muchas extrañas operaciones relacionadas con corrupción. En Plus Ultra confirmaron que durante el careo se abordó el pago relativo a la petrolera e indicaron que los peritos que asesoraron a la SEPI aclararon que la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y sanciones internacionales. En el careo se cuestionó que la compañía pudiera recibir el rescate, mientras que los peritos de la empresa defendieron la decisión de conceder la ayuda. En 2019 apenas tuvo 156.139 pasajeros, el 0,057 por ciento de toda España.

Fotografia: Uno de los viejos Airbus A340-300 que opera la polémica Plus Ultra.

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