La publicación de un duro comunicado, donde se indica que “dada la importancia estratégica de este sector para la conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros, el decreto reglamentario establece medidas para garantizar un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades”, se fortalecen las medidas que adopta el gobierno, aunque el conflicto con los sindicatos está en su peor momento.
La comunicación, publicada en el Boletín Oficial y que lleva la rúbrica del Secretario de Trabajo Julio Cordero, indica que las partes involucradas en un conflicto “deberán acordar los servicios mínimos a mantener y si no hubiera acuerdo, será la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien será la encargada de una intervención que determine las condiciones necesarias establecidas a la legislación actual”. Los alcances de este servicio esencial serán establecidos por un comité tripartito que estará conformado por gremios, compañías y estamento oficial.
Si no hubiera acuerdo con los servicios mínimos que la parte sindical debe cumplir y sostener, la Secretaría de Trabaja además de laudar, tendrá que hacer cumplir efectivamente con lo acordado en el acuerdo. Como sabe cualquier viajero habitual en el mercado nacional, los gremios aeronáuticos (mayoritariamente aliados del que fue el anterior gobierno), están en una ya declarada conflictividad total con esta nueva administración.
Días atrás, los sindicatos realizaron las denominadas asambleas informativas en lugares de trabajo, algo permitido por las reglamentaciones y usado por los capitostes gremiales para eludir sanciones internas de las compañías, provocaron innumerables inconvenientes y afectaron la programación de las operaciones en todos los aeropuertos del país.
Pero fue peor aún, estas asambleas derivaron en una huelga salvaje intempestiva, que dejo en tierra a decenas de miles de pasajeros que causó pérdidas millonarias a las compañías y aumentó la conflictividad social.
El agregado de un fortísimo componente ideológico en algunos de los gremios, en especial el de los indispensables pilotos denominado APLA y del personal de tierra conocido por APA, le ha agregado desde hace años una tensión permanente con las autoridades nacionales, con la administración de Mauricio Macri en su momento y ahora con la de Javier Milei.
Este último ha expresado desde su campaña política, su intención de vender Aerolíneas Argentinas o incorporar capital privado a su estado societario. Aunque fue excluida de la lista de compañías privatizables por el Congreso Nacional, el cambio de humor evidente de la sociedad argentina, con respecto a la actitud de sus dirigentes políticos sindicales y empleados, está sembrando un camino que puede concluir en medidas draconianas con respecto a la compañía de bandera.
La pérdida de juicios en tribunales internacionales, que tendrá que abonar el sufrido ciudadano con sus impuestos, es otro punto que se adiciona a la creciente antipatía generalizada hacia el comportamiento de los hasta ahora dueños de Aerolíneas Argentinas. Hasta la misma Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en un comunicado de estas horas, apoyó vehementemente al procedimiento adoptado por el gobierno argentino, al igual que otras medidas desregulatorias que podrían beneficiar a la actividad aérea.
Los gremios ya han anunciado su total rechazo al comunicado del gobierno y anuncian medidas de fuerza, esto recién comienza.
Apoyo de la IATA
La IATA respalda la decisión del Gobierno argentino de reglamentar la esencialidad de la actividad aeronáutica en Argentina. La medida busca garantizar un nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente el transporte aéreo, un sector estratégico para la conectividad, el transporte de pasajeros, el turismo y el comercio.
El establecimiento de esta reglamentación se aceleró tras constatarse que la huelga del 6 de septiembre, que afectó a más de 15.000 pasajeros y 185 vuelos, no cumplió con los servicios mínimos requeridos por la esencialidad establecida en el Artículo 2 de la Ley 17.285 del Código Aeronáutico Argentino.
“Las prácticas de paralización o ralentización como medida de fuerza que han venido afectando el servicio esencial de transporte aéreo en más de una oportunidad en el último tiempo, no sólo perjudican a los miles de pasajeros que necesitan movilizarse, también deterioran la imagen del país y repercuten negativamente en la economía.
En Argentina, volar no es un lujo, es una necesidad- su tamaño, de norte a sur, abarca la distancia equivalente de Lisboa a Moscú- su geografía, no permite que el ferrocarril sea una alternativa viable y el transporte terrestre, una opción eficiente”, afirmó Peter Cerdá, vicepresidente Regional de IATA para las Américas.
Quien añadió que la industria de la aviación valora los esfuerzos del gobierno para asegurar el buen funcionamiento de las operaciones aéreas y todas las acciones que se vienen realizando para fomentar la competitividad aérea. “El Gobierno ha reconocido el rol fundamental del transporte aéreo, su importante contribución al bienestar socioeconómico del país y el impacto positivo que el sector tiene en la calidad de vida de todos los ciudadanos”, concluyó Cerdá.
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