El ejecutivo, John Rodgerson, admite haber hasta interferido en la privatización de la compañía aérea portuguesa, desestabilizando el proceso e incluso el valor, mientras no se pague el dinero o se firmen nuevos documentos entre las dos empresas. Rodgerson anunció también que su empresa ha contratado un conocido estudio jurídico portugués, el cual ya ha hecho, discretamente, su primera presentación ante los tribunales.
La empresa que se va a privatizar, afirman, es TAP SA, mientras la deuda es de TAP SGPS, que está siendo, según dijo, "vaciada" de activos, cuestión fundamental aducida por Azul.
La deuda que el holding estatal lusitano tiene con la empresa brasileña se remonta a la época de la anterior privatización de TAP, entonces al consorcio formado por Humberto Pedrosa y David Neeleman, el empresario que sigue siendo el mayor accionista de Azul y su fundador. En la Asamblea General de marzo de 2016, se previó que Azul adelantaría 90 millones de euros para capitalizar TAP (y el Estado aportaría otros 30 millones), a través de una emisión de bonos de TAP SGPS (que controlaba TAP SA) con vencimiento en 2026. La operación avanzó.
Según una auditoría publicada por el Tribunal de Cuentas en 2018,esas obligaciones serían convertibles en capital de TAP. Sin embargo, con la nacionalización de la empresa en 2020, se acordó que Azul prescindiría de la conversión de sus bonos en acciones.
Sin embargo, según el consejero delegado de Azul, cuando la empresa que dirige se comprometió a suscribir esos bonos, la configuración de la compañía portuguesa era muy distinta a la que tiene ahora. “Cuando invertimos, invertimos en toda TAP”, explica, señalando que el Gobierno de António Costa, cuando decidió nacionalizar TAP en 2020, separó el vínculo entre TAP SA y TAP SGPS, a lo que llama de “Mala TAP”, por tener "un agujero de casi 1.300 millones de euros”.
Las dos entidades están ahora separadas, aunque ambas sean propiedad del Estado portugués, siendo la SGPS la deudora de los 198 millones de euros. El director general de Azul teme que en 2026 el dinero no se entregue a la empresa brasileña, sobre todo porque, según él, en ese momento TAP SA ya no estará controlada por el Estado.
Cuando se separó, TAP SGPS quedó con activos que no formaban parte de la operación principal de la aerolínea, como Portugália, Cateringpor, Groundforce y M&E Brasil, unidad de mantenimiento ya vendida, tiempo atrás, sus últimas instalaciones, las de Río (Galeão) a United. Con el paso de los años, este holding se ha ido progressivamente vaciando. Hoy Groundforce (llamada Menzies Aviation) está en manos de TAP SA y Portugália está en proceso de ser absorbida por la parte saneada de TAP.
Si la deuda no se honra, o si, al menos, no se ofrecen más garantías de pago de la misma, Azul estima que podrá romper la alianza que tiene con TAP SA en Brasil, donde atiende a la conectividad de 11 ciudades brasileñas, sin la cual el valor de la aerolínea portuguesa decae notoriamente.
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