El artículo 106 del Código Aeronáutico argentino, que regula la contratación de personal extranjero, y el artículo 107, que trata sobre la utilización de aeronaves con matrícula extranjera, han sido actualizados en consecuencia. Las aerolíneas interesadas deberán presentar la documentación necesaria para la capacitación y certificación de tripulantes, así como pruebas de aeronavegabilidad de las aeronaves foráneas.
La actividad requiere un reordenamiento general, para no perder categoria ante la OACI.
Esta decisión, impulsada por el Gobierno Nacional, tiene como objetivo agilizar y modernizar la regulación del sector aerocomercial en Argentina, buscando mejorar la competitividad del mercado aéreo. Sin embargo, ha generado tensiones con los gremios aeronáuticos, que sostienen que la medida podría reducir la participación de Aerolíneas Argentinas en rutas nacionales y abrir el espacio a empresas privadas, lo que podría precarizar el empleo en el sector.
El conflicto sindical se intensificó tras la reciente negativa de pilotos de Aerolíneas Argentinas a devolver aeronaves a un arrendador estadounidense, por lo que fueron despedidos, lo que obligó a la empresa a recurrir a pilotos extranjeros. Los sindicatos argumentan que, dadas las condiciones salariales actuales, será difícil atraer personal extranjero cualificado y temen una mayor desregulación del sector.
Este movimiento del gobierno es otro paso en la confrontación con los gremios de la aviación, que ven en esta medida un intento de reducir su influencia y transformar el panorama del transporte aéreo en el país.
Según han manifestado desde la administración actual, estas medias van encaminadas a facilitar que más personas utilicen el transporte aéreo, permitiendo la conexión con todas las ciudades del país. Apuntan, así, que se abandona una política aeronáutica que ha restringido el crecimiento de este sector, considerado clave para la integración federal, el desarrollo económico y turístico, y otros aspectos del negocio aéreo.
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