Los nuevos propietarios de Pluna/Leadgate demandarán a Uruguay por la abrupta desaparición de la aerolínea en 2012. Una compañía panameña de inversiones ha comprado las acciones privadas de Pluna Lineas Aereas Uruguayas, una antigua aerolínea de bandera uruguaya y, a través del arbitraje, planea buscar una compensación financiera por el presunto papel del Estado Uruguayo en la liquidaciónde la aerolínea, según Aviation Week.
Una fuente con conocimiento de estos procedimientos confirmó que Caballero Verde S. de R.L. (Caballero) muy recientemente tomó el control de Latin American Regional Aviation Holding Corp. (Larah), la compañía con sede en Panamá que era propietaria del 75% de Pluna como Leadgate. Los anteriores propietarios de Larah fueron Chorus Aviation, tres ex ejecutivos argentinos de Leadgate, una empresa desaparecida de capital privado (PE) y otros inversionistas internacionales, inclusive testaferros uruguayos de un cierto porcentaje accionario para aparentar control nacional de la mayoría.
Leadgate tomó el control de Pluna en 2007 perdiendo su participación en la aerolínea cuando el gobierno se hizo cargo de la aerolínea con problemas financieros en 2012 y la cerró. La fuente confirmó que Caballero compró la participación de cada antiguo propietario y ahora es dueño de Larah. El próximo paso planificado de la firma es aprovechar un tratado de inversión entre Panamá y Uruguay para argumentar que el gobierno uruguayo desempeñó un papel central en la desaparición de Pluna en 2012. Caballero espera presentar pronto una acción legal que comience oficialmente un proceso descrito en el tratado, dando a ambas partes seis meses para negociar un acuerdo.
Si no se llega a un acuerdo, el caso pasará a arbitraje internacional. Caballero está apostando a daños y perjuicios por "cientos de millones de dólares", dijo la fuente, citando el valor proyectado de la aerolínea hoy, así como para cubrir el valor de un puñado de aeronaves que se vendieron en 2012 como activos primarios. Se cree que Caballero está controlado por Tenor Capital, una firma con sede en Nueva York con experiencia en el creciente campo de financiamiento de casos legales de inversionistas contra estados a cambio de diversas compensaciones.
Un portavoz de Chorus Canadá confirmó que la compañía "ya no tiene interés" en Larah, pero se negó a dar mayor información, diciendo que los detalles de la transacción no son "información material". Fundada en 1936, Pluna fue nacionalizada en 1951, pasando por una serie de ineptas y deficitarias administraciones políticas hasta 1972, cuando fue entregada a la Fuerza Aérea su gestión, que, exitosamente duró hasta el 20 de abril de 1985, equilibrándola e incluso dando ganancia- y luego parcialmente privatizada a Varig entre 1990 y 1995, proceso que duró hasta la extinción de la línea brasileña en 2006.
En 2007, Uruguay llegó a un acuerdo- sin escuchar a otros interesados, como Avianca, por ejemplo- para adjudicar el 75% de Pluna a Leadgate, que se comprometió a invertir cerca de $ 180 millones en la aerolínea, mientras que el gobierno sostuvo el resto, aunque, extrañamente garantizando el 100 % de las compras de aeronaves propuestas por Leadgate. Chorus Aviation de Canadá, que entonces operaba como Jazz, hoy Jazz LP, invirtió $ 15 millones en Larah en abril de 2010, recibiendo un 33% de capital en la compañía tenedora. Bajo Leadgate, la aerolínea aumentó su flota a 13 aeronaves Bombardier CRJ 900 ( francamente sobredimensionada) la más grande de su historia, y estableció un récord anual de pasajeros en 2011.
Pero los problemas financieros aumentaron rápidamente, por lo que la demanda de Caballero argumentará que las actitudes del gobierno jugaron un papel directo para evitar que la aerolínea se recuperase . Entre las acusaciones destacadas: los principales problemas de flujo de efectivo provocados por cambios en los plazos de pago a la compañía petrolera estatal Ancap (entonces presidida por el posteriormente depuesto y procesado por corrupción ex presidente de la República Raúl Sendic, quien luego debió conceder condiciones similares a líneas europeas para permanecer en el país) en medio de crecientes aumentos de precios del combustible y la propia intervención “impidiendo” a Leadgate obtener líneas de crédito.
En junio de 2012, Leadgate, que sufrió una gran pérdida de dinero, devolvía su participación en Pluna al gobierno uruguayo (el cual procedió sin escuchar a sus propios representantes en el directorio de la aerolínea cuando advertían acerca de la gravedad de la situación, del sobredimensionamiento de la flota o de errores gerenciales de Leadgate) .
Jazz la siguió poco después. "En el segundo trimestre de 2012, se anunció que Pluna tenía grandes dificultades financieras y que el gobierno uruguayo había tomado el control de la aerolínea, lo que le permitiría continuar operando", dijo Jazz en un comunicado de agosto de 2012. "Todas las acciones en Pluna mantenidas indirectamente por Larah/Leadgate, incluida la parte de propiedad indirecta de Chorus, se colocaron en un fideicomiso con la Bolsa de Valores de Montevideo a cambio de ciertas condiciones e indemnizaciones del gobierno uruguayo". La compañía canadiense registró $ 16.4 millones de dólares por dicha gestión como resultado.
Pocas semanas después de que Leadgate entregase su participación en Pluna al gobierno, la aerolínea, que enfrentaba duras amenazas de huelga, se declaró en bancarrota y fue cerrada. Sus activos, incluidos siete Bombardier CRJ900 (los otros seis se devolvieron al fabricante, pues estaban en leasing) y derechos de ruta, se liquidaron en unos meses, tras un falso remate convocado por el entonces gobierno de José Mujica.
En 2016, el Poder Judicial uruguayo estimó que los ejecutivos de Leadgate- procesados por su gestión en la empresa- no habían sido responsables por la desaparición de Pluna. Esto parece reforzar cualquier caso legal contra el gobierno uruguayo y podría explicar por qué una empresa de PE como Tenor adquirirá la propiedad de una compañía que tiene uno. Tenor ayudó a financiar el exitoso caso de la compañía minera canadiense Crystallex contra Venezuela, que incautó una mina y obligó a la empresa a declararse en bancarrota. En la reclamación se buscaron alrededor de $ 1.2 mil millones, y las dos partes llegaron a un acuerdo no revelado. (Javier Bonilla)
