La Justicia Federal de los Estados Unidos ha dictado un fallo determinante en contra de Argentina en el caso de la expropiación de la compañía Aerolíneas Argentinas en 2008, otro escándalo en la política nacional argentina, ya que deberá abonarse un monto cercano a los 340 millones de dólares al fondo litigante.
El Tribunal del Distrito de Columbia, por medio de la Jueza Loretta Preska, dictaminó que el fondo de inversión Titán Consortium, que demandó al país sudamericano, actuó dentro del plazo legal. Pese a los esfuerzos argentinos, intentando desestimar la demanda con el argumento que se había superado el límite de prescripción de tres años, la justicia estadounidense ha dictado sentencia a favor del demandante.
Del Grupo Marsans al gobierno kirchnerista
La demanda del fondo de inversión Titán Consortium es un derivado de la estatalización de Aerolíneas de 2008, por esa época Aerolíneas Argentinas estaba en manos de una empresa española, el Grupo Marsans, y el gobierno kirchnerista se apropió de la compañía, lo que provocó una demanda del grupo español contra el Estado Nacional, acudiendo al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones), organismo que tiempo después determinó el procedimiento incorrecto de las autoridades argentinas.
Más tarde, Marsans transfirió los derechos de litigio al fondo de inversión británico Burford Capital, quien un par de años después los transfiere a Titán Consortium, que llevó el caso al tribunal arbitral en Washington.
Como el CIADI es una instancia que trabaja como árbitro, no puede obligar al cumplimiento del pago de las sentencias, pero al recurrir a los tribunales se podría permitir el embargo de activos del país. La Argentina intento desestimar la demanda por haber prescripto a estimación propia, pero la justicia ha dado su veredicto.
Otro problema más para el país, proveniente del negligente manejo de las organizaciones públicas. Cabe acotar que los funcionarios que realizaron semejante manejo incorrecto de las empresas y finanzas públicas permanecen en organismos gubernamentales lejos de las consecuencias de sus actos.
Una vez más, los ciudadanos argentinos deberán hacerse cargo con sus impuestos gravosos del pago de multas e intereses provocados por políticas equivocadas. (Luis Piñeiro)
