En 2024, se acumuló una deuda gubernamental de aproximadamente 600 millones de euros con las aerolíneas que operan vuelos subvencionados para residentes en las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, que tienen derecho a una bonificación del 75% sobre el precio de los billetes aéreos en trayectos nacionales.
Esto afecta a compañías como Binter, Iberia (y Air Nostrum, como franquiciada), Air Europa y Vueling, entre otras, que se han visto afectadas por los retrasos en la liquidación debidos a problemas presupuestarios y burocráticos, agravados por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, lo que plantea el riesgo, de prorrogarse de nuevo este año, de extender el problema.
Las aerolíneas, que dependen significativamente de estos pagos para cubrir sus costos operativos, aplican directamente el descuento al precio del billete al momento de la compra. Posteriormente, reclaman el importe bonificado al Gobierno, a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Este sistema, una política del Estado español destinada a garantizar la conectividad de estos territorios extrapeninsulares con el resto del país, está regulado por el Real Decreto 1316/2001 y otras normativas relacionadas con el transporte aéreo y marítimo.
Los problemas actuales afectan especialmente a las conpañías que, como Binter, obtienen gran parte de sus ingresos del tráfico subvencionado, pero también afecta a las agencias de viajes que gestionan billetes bonificados, ya que estas dependen de comisiones vinculadas a los pagos atrasados.
Efectos sobre los precios
El incremento en la bonificación del 50% al 75% en 2018 provocó un aumento en la demanda de vuelos por parte de residentes. Sin embargo, este aumento también llevó a un encarecimiento generalizado de los billetes para no residentes y mayores costos para las arcas públicas.Según estudios como los realizados por la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de Valores), esta política ha incentivado un alza en los precios medios debido a la falta de competencia suficiente en algunas rutas.
Los gobiernos autonómicos han solicitado medidas para evitar el aumento desproporcionado de tarifas tras la aplicación de las bonificaciones, también se ha sugerido alternativas, como cambiar el modelo ad valorem (porcentaje sobre el precio) por una subvención fija por billete para evitar distorsiones en el mercado.aunque estas subvenciones son esenciales para garantizar la conectividad territorial y reducir costos para los residentes insulares, enfrentan desafíos significativos relacionados con su implementación financiera y su impacto en el mercado aéreo.
En 2023 se registraron 13 millones de billetes subvencionados, superando los 11 millones de 2019. El gasto público en subvenciones aéreas alcanzó casi 1.000 millones de euros, frente a una dotación presupuestaria inicial de 560 millones (ampliada a 825 millones incluyendo transporte marítimo). El pasado año, aunque no se reportan cifras exactas de billetes emitidos, el gasto público volvió a superar los 1.000 millones de euros, repitiendo la tendencia de 2023. Sin embargo, el presupuesto inicial fue insuficiente, lo que agravó los retrasos en los pagos a las aerolíneas.
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