La acción se refiere a las pérdidas provocadas por la política tarifaria que estuvo vigente en el país entre 1985 y 1992, durante el llamado Plan Cruzado, que culminó con el congelamiento de los precios de los pasajes aéreos y una grave crisis financiera en las cuentas de Varig.
Antes de desplomarse, Varig intentó obtener crédito por la acción, pero el asunto aún no se había resuelto en los tribunales. En ese momento, la deuda de la empresa superaba los 7.000 millones de dólares (aproximadamente 10.000 millones de dólares en 2024). Varig se declaró en quiebra en 2010, después de casi cuatro años de no volar. La demanda presentada representa al menos a 15.000 exempleados.
Una parte del valor establecido, alrededor de cien millones de dólares, se refiere a la deuda que Varig mantenía con el fondo Aerus, el Instituto de Seguridad Social para los Profesionales de la Aviación Civil, que debería ser utilizada como garantía en otra acción interpuesta por la institución contra el gobierno federal.
Aerus era el fondo de pensiones de los trabajadores de Varig y Transbrasil y agrupaba al menos a 10.000 participantes. Aerus estuvo bajo intervención federal y, durante varios años, pagó sólo el 8% del valor de las jubilaciones y pensiones.
Según la Procuraduría General de la República, los pagos se realizarán mediante órdenes judiciales a lo largo de 2025. También se determinó que las transferencias deben dirigirse a los acreedores que figuran en el proceso de quiebra de la aerolínea y el título no puede venderse ni transmitirse a terceros.
