"Se estableció una partida de 10 millones de dólares anuales para amortizar las cuotas sobre la compra de los aviones de Pluna. Lo que hay aquí es un ajuste por la evolución del tipo de cambio. Fue una resolución que se tomó y firmó en los últimos días pero está atada a una decisión legal del presupuesto 2015.Eso se termina de pagar en 2023". Son palabras de Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas uruguayo, aludiendo a la difusión en redes de una orden por 2.250.000 dólares al respecto de la malograda aerolínea uruguaya, que cerró sus puertas escandalosamente en julio de 2012.
La apreciación del jerarca ministerial no incluye juicios-nacionales e internacionales- reclamos administrativos ni otros ítems en disputa. Tampoco, gastos de mantenimiento posteriores ,otras pérdidas y errores administrativos que pudiera determinar alguna auditoría del próximo gobierno, lo cual la oposición, especialmente el Partido Cabildo Abierto, anuncia reiteradamente. Este monto es resultado de cuando las autoridades uruguayas decidieron, de forma inconsulta con especialistas y el resto del espectro político, tras un acuerdo para vender el 75% de la empresa en 2007 a un grupo constituido horas antes de esta firma en Panamá, llamado Leadgate, el cual había decidido suplantar la flota de Boeing 737/200 Adv de Pluna-en muy buen estado y con vida útil prevista hasta principios de 2016- por una flota de 7 aeronaves CRJ 900 propia y otras tantas arrendadas, aduciendo solamente dificultades con el gasto de combustible de los anteriores, que ya estaban amortizados.
Al producirse el traumático cierre de la empresa, en julio de 2012, a su vez, el gobierno, entonces presidido por José Mujica, para evitar aumentar costos políticos, por un lado prometió a los ex funcionarios facilitar conformar una aerolínea sindical, tras abonar 38 meses de seguros de desempleo (Alas-U, la cual duró sólo 6 meses, y cuya deuda de 25 millones de dólares, aparte de la citada por el funcionario, también asumió el Estado) ,y, por otro lado se convoca a un remate de los CRJ pretendiendo una imposible base similar a su precio original, aparentando haber obtenido en el mismo un precio no muy lejano, ofertado por una a esa altura inexistente aerolínea hispana llamada "Cosmo", lo cual derivó en otro episodio judicial, al conocerse la realidad.
A su vez, y a hasta vender a fines de 2014 los CRJ a una firma estadounidense denominada SAF en 77 millones de dólares, el Estado debió mantener a dichas aeronaves ,así como tripulaciones y técnicos básicos, erogaciones que se agregan a la deuda admitida por el viceministro de Economía, aproximándose el monto global del affaire Pluna a unos 400 millones de dólares, incluyendo los 30 millones de dólares de cheques de combustible sin fondos que, meses antes de la crisis, aceptó como entonces presidente de la petrolera estatal Ancap, Raúl Sendic, luego vicepresidente uruguayo, depuesto en 2017 por corrupción. (Javier Bonilla)
