El rescate se aprobó en marzo de 2021, en plena pandemia, como parte del programa gubernamental para salvar empresas estratégicas afectadas por la crisis sanitaria y fue polémico desde el principio. La aerolínea, que operaba con solo dos aviones y tenía una cuota de mercado del 0,1 % en la aviación comercial española, ya arrastraba pérdidas millonarias antes de la pandemia.
Ninguna entidad bancaria quiso financiarla, ni siquiera con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por lo que el Gobierno tuvo que justificar su ayuda argumentando su «condición estratégica» para conectar España con Iberoamérica y mantener empleos directos e indirectos. La Fiscalía sostiene que Plus Ultra habría utilizado parte del rescate para devolver supuestos préstamos a cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades vinculadas a una presunta organización criminal.
Esta red estaría implicada en actividades ilícitas, como la venta de oro procedente del Banco Central de Venezuela y programas estatales de ese país, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según las autoridades francesas y suizas, estas operaciones habrían servido para lavar grandes sumas de dinero procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos.
Además, se denuncia que parte del dinero se canalizó a cuentas en Emiratos Árabes Unidos y Panamá, supuestamente mediante contratos ficticios. También se menciona el uso de relojes de lujo para blanquear dinero. Aunque la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, esta fue rechazada al considerar que los delitos principales ocurrieron en Venezuela y que no entran dentro de su competencia.
La Sala sugirió trasladar el caso al Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid, que ya había investigado el rescate sin encontrar pruebas suficientes para imputar delitos como malversación o cohecho. La Fiscalía aún está evaluando si llevará los nuevos hallazgos ante este juzgado o si dejará las investigaciones en manos de las autoridades suizas y francesas. El caso de Plus Ultra generó una fuerte polémica política desde su inicio y partidos como el PP, Vox y Ciudadanos denunciaron irregularidades en el proceso.
Esto llevó a suspender temporalmente otros rescates gestionados por la SEPI. Aunque el Tribunal de Cuentas archivó una investigación sobre el impacto económico del rescate al no encontrar perjuicio para las arcas públicas, las dudas sobre la idoneidad del apoyo financiero persisten. Este episodio también puso en entredicho los criterios utilizados por el Gobierno para considerar a Plus Ultra como estratégica, dado que nunca había generado beneficios significativos y dependía en gran medida del respaldo financiero externo.
A pesar del revuelo, Plus Ultra ha comenzado a devolver parte del préstamo y asegura que está cumpliendo con su plan de viabilidad. Amplió su flota e incrementó rutas, pero sigue siendo un ejemplo del debate sobre la transparencia y la eficacia en el uso de fondos públicos. La resolución final dependerá de si las nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción logran reactivar las investigaciones.
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