El apoyo de la Fuerza Terrestre fue decretado por el gobierno en las últimas horas para intentar contener la crisis de seguridad que sufre Río, incrementada enormemente en los últimos 10 meses, así como evitar una propagación y episodios similares al de Salvador y otras ciudades bahianas, casi militarizadas, en lo que hace a la tarea portuaria y aeroportuaria, evitar episodios crecientes de rotura encubierta de precintos de equipaje tras el embarque, por parte de funcionarios corruptos, que introducen droga sin que el dueño de la maleta se dé cuenta a su llegada al extranjero, donde debe ser sustraída por otro cómplice aeroportuario, hecho por el que pasajeros inocentes han sido detenidos en Europa, hasta aclararse estos nuevos extremos delictivos.
Fue entonces decretada una denominada Operación Garantía de Orden Público, donde las Fuerzas Armadas son utilizadas para combatir crímenes cometidos por civiles dentro del territorio brasileño, un uso interno de las fuerzas de defensa en circunstancias especiales.
A diferencia de operaciones anteriores, que se realizaron principalmente en Río o Bahía, cerca o dentro de comunidades dominadas por criminales, esta medida ahora se centrará en aspectos fronterizos,en la región limítrofe con Bolivia notoriamente, así como en puertos y aeropuertos internacionales.
En los de Galeão y Guarulhos, la acción será realizada conjuntamente por soldados del Ejército y el Batallón de Infantería de la Aeronáutica, organización terrestre de la Fuerza Aérea Brasileña. Los militares podrán registrar pasajeros, equipaje y carga, en colaboración con la Policía Federal.
Los efectivos del Ejército y de la FAB sumarán 3.600 militares comprometidos en la operación, la Armada en los Puertos de Santos, Río de Janeiro e Itaguaí.
Hasta ahora esta función la desempeñan la Policía Federal y la Hacienda Federal (Aduanas y Dirección Impositiva), que ya no cuentan con contingentes ni equipos suficientes para el volumen de tráfico en estos lugares.
