Argentina: el presidente Javier Milei vuelve a utilizar la flota aérea presidencial

El presidente Milei empleando un “Learjet 60” de la Fuerza Aérea Argentina, pero asignado como transporte VIP.
El presidente Milei empleando un “Learjet 60” de la Fuerza Aérea Argentina, pero asignado como transporte VIP.

Después de haber denostado la utilización de helicópteros y aviones de la Flota Presidencial por parte de los políticos e incluso volar en aeronaves comerciales, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, hizo caso a un rotundo informe emanado por el Ministerio de Seguridad, que indica la conveniencia de solo operar con aeronaves oficiales.

* Artículo publicado en la Revista Airline Ninety Two número 429 de septiembre de 2024.

Según este informe, de carácter reservado, han aumentado las amenazas al presidente y el riesgo de enfrentar individuos con alteraciones psicológicas, las demoras de los vuelos comerciales, la dificultad de organizar desplazamientos frente a catástrofes o situaciones que alteren los planes o, simplemente, los imprevistos, llevaron a que la cartera de Seguridad realizara un extenso análisis de las amenazas que padece la comitiva presidencial.

El definitivo informe señala un número importante de vulnerabilidades detectadas cuando el primer mandatario ha volado en aviones de líneas aéreas comerciales o servicios alquilados específicamente. Destaca especialmente la imposibilidad de brindar custodia armada para protegerle en vuelo: “Las aerolíneas no transportan custodia armada y, en caso de un ataque, es difícil repeler la agresión y tampoco se cuenta con los antecedentes de los miembros de la tripulación, al igual que los viajeros que pueden constituir una amenaza posible contra la seguridad presidencial”.

Una visión de la flota presidencial argentina. Foto: NicoOrchid

Una visión de la flota presidencial argentina. Foto: NicoOrchid

Al no poder chequear los antecedentes de los pasajeros locales o internacionales, no pueden verificarse posibles riesgos, Señala el informe que “pasajeros con dese­quilibrios emocionales y psicológicos a bordo pueden configurar otro punto negativo. En los últimos tiempos han aumentado fuertemente las amenazas por redes sociales a la figura del presidente, con un grado de violencia llamativo, en especial provenientes de sectores de ultraizquierda que llaman directamente a efectuar actos de violencia física o de elementos afines con la anterior administración política”, señala la documentación oficial.

Al desconocer los antecedentes del personal que compone la tripulación de un avión comercial, se ignora las capacidades y perfil profesional de los mismos, ya sean pilotos o tripulantes de cabina de pasajeros y eso también incluye a personal de apoyo en tierra que debe asistir a la operación técnica de la misión, además de existir la posibilidad de acceso a información sensible sobre los movimientos de la comitiva presidencial previa a una partida.

También se señala la imposibilidad de prever el accionar ante ataques cibernéticos o del espectro electromagnético, por medio de sensores y redes de internet, y existe la posibilidad de intrusión en la red interna de la aerolínea. Asimismo, existe una evidente carencia de inspección en esos lugares de salvaguarda y operación de los aviones, ya que no se puede controlar fehacientemente los movimientos técnicos y de mantenimiento de esas máquinas o de la aeronave en la cual viajará la comitiva presidencial.

La existencia de máquinas oficiales que puedan operar desde bases estatales con aviones propios, con alto nivel de hermetismo y seguridad, es lo más adecuado. Ya hubo claras dificultades en la combinación de medios de transporte, en el descenso de pasajeros y recepción de equipajes entre los viajeros y la custodia oficial. Otro de los puntos marcados es la inexistencia de un chequeo con personal propio de la carga y movimiento de equipaje en una aeronave comercial.

Publicitada llegada del reactor presidencial con un polémico vuelo rasante sobre el Aeroparque “Jorge Newvbery” de Buenos Aires.

Publicitada llegada del reactor presidencial con un polémico vuelo rasante sobre el Aeroparque “Jorge Newvbery” de Buenos Aires.

La ausencia de un movimiento controlado por la propia seguridad de los bártulos y efectos personales podría ser sujeta a acciones no controladas por la vigilancia oficial. Se remarca que la imposibilidad de modificar los planes de vuelo en un reactor comercial, ante una necesidad de modificar el curso de acción y agenda del presidente en forma rápida, es otra dificultad que se suma a la compleja toma de decisiones.

La modificación de rutas y escalas y demoras circunstanciales provocadas por viajeros provocan una carencia de libertad de acción intolerable, según este informe, que también indica que la imposibilidad de retornar por algún requerimiento emanado por un estado de emergencia, situaciones riesgosas o modificaciones en el contexto situacional de países y áreas de influencia visitados o por visitar.

La complejidad o carencia de sistemas de comunicaciones durante las travesías afectan la capacidad de informar, ordenar e impartir las necesarias instrucciones. Asimismo, existe una evidente dificultad para estandarizar un protocolo y procedimiento de ascenso, descenso y combinación de medios de transporte para la comitiva gubernamental, ya que las compañías de transporte aéreo tienen sus propias normativas.

El porqué del informe

En este extenso y duro informe, al cual hemos tenido acceso, se explican los escenarios actuales y futuros de las operaciones presidenciales. Destaca que, desde la llegada de Javier Milei a la jefatura máxima del país, se incrementaron los mensajes violentos y amenazas virulentas hacia el presidente, incluso se han viralizado en redes sociales amenazas a los pasajeros que vayan a viajar en el mismo avión que Milei. El lema “EZE-Desaparecido en combate”, que incluso le apareció en el correo electrónico particular a muchos pasajeros, es un claro y cobarde medio de presión.

Sikorsky S-76 “Spirit” de la flota presidencial.

Sikorsky S-76 “Spirit” de la flota presidencial.

Además, el informe indica que “la falta de previsibilidad, control y aplicación de procedimientos establecidos de seguridad, tanto en vuelo como en el uso de aeropuertos de empleo general, la incertidumbre y falta de información completa, necesarias para la planificación, organización y coordinación de traslados seguros, afectan seriamente la dirección y control total que se debiera tener, a fin de lograr una adecuada ejecución de los mismos”.

Como el primer mandatario quería usar solamente vuelos comerciales como gesto público de ahorro y discreción, voló inicialmente con aviones de compañías comerciales, incluyendo de la estatal Aerolíneas Argentinas, en esta última con un evidente clima de hostilidad y desconfianza. Utilizó empresas de transporte aéreo en algunos vuelos al exterior, pero casi se quedó en tierra en Alemania, por la demora en una conexión. Recordemos que el ex presidente Mauricio Macri también volaba en aeronaves comerciales, hasta que en un vuelo de Aerolíneas Argentinas fueron encontrados 2 narcotraficantes con miles de pastillas de éxtasis. 

Además, se ha producido un creciente número de falsas amenazas de bombas, provocando la activación de todos los protocolos de seguridad en el aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires, con un movimiento y gasto operativo excesivo. Finalmente, el riguroso dictamen indica que “las nuevas formas de amenazas y la situación internacional altamente sensible, más un nuevo alineamiento de la política exterior del país, recomiendan la necesidad imperiosa de utilizar para los traslados del primer mandatario y comitiva en forma exclusiva con material aéreo propio oficial o con medios privados contratados, previo estudio de riesgo sobre el estado de dichos medios y tripulaciones y/o personal que deba necesariamente intervenir en la operatividad de la operación a realizar”.

Con qué se cuenta

Aunque Milei había expresado reiteradamente que no quería usar la flota oficial como gesto de austeridad, necesariamente debe utilizar los medios disponibles que están en una variada situación. En este momento, la flota presidencial tiene en su inventario a 1 Boeing 757-256, que operó en el pasado Iberia, en configuración VIP que adquirió el expresidente Alberto Fernández en el final de su administración, el año pasado, a casi 22 millones de dólares, a la vez que entregaba como parte de pago al Tango 01 (otro 757 comprado en los noventa y que está sin operar desde hace lustros).

El birreactor que tuvo una espectacular y polémica llegada al país, gracias a un atrevido y no autorizado vuelo rasante sobre la pista del Aeroparque “Jorge Newbery” de la ciudad capital, ha sido operado escasamente y pronto debe entrar a una inspección mayor, que deberá realizarse en Estados Unidos y a un costo de unos 3 millones de dólares, según las informaciones de especialistas.

Además, se cuenta con un Boeing 737-500 para desplazamientos de orden interno o regional, más un Learjet 60 que pertenece a la Fuerza Aérea y que se usa como VIP. En materia de helicópteros, 1 Sikorsky S-70 y 2 S-70B Spirit permanecen en un variado estado de mantenimiento. Mencionemos que también 1 Airbus H155B1 es utilizado para la Casa de Gobierno, aunque es operado por la Policía Federal Argentina.

Como signo de la endeblez política, los medios estatales fueron usados a destajo por funcionarios públicos de la administración kirchnerista, incluyendo reactores de la petrolera estatal YPF, cuyos Embraer Praetor 550 y 1 Learjet 60 estaban a la plena disposición de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, todas las aeronaves públicas estaban y están a disposición de la Jefatura del Estado.

Asimismo, la flota mencionada genera gastos, aunque esté en tierra semioperativa. La creciente tensión política en el país muestra que los traslados del primer mandatario deben efectuarse en medios protegidos y propios. Los gestos políticos de austeridad son más publicitarios que efectivos y la utilización de líneas aéreas comerciales suponen un riesgo inaceptable para la seguridad presidencial. La exposición pública de un mandatario debe medirse efectivamente por los organismos de protección y los mismos ya dieron su conclusión certera y efectiva.


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